El Ejército bloqueó la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para conocer con mayor amplitud cómo actuaron los soldados involucrados en el caso Tlatlaya, aún cuando hay información oficial que confirma que dos generales estuvieron en la bodega donde fueron asesinados 22 civiles.
La Secretaría de la Defensa Nacional aseguró que no cuenta con evidencias documentales para mostrar bajo qué circunstancias actuaron sus elementos al llegar a la bodega ubicada en el poblado de San Pedro Limón, al sur del Estado de México, según consta en un oficio incluido en el expediente de 7 mil 700 hojas integrado por la CNDH.
No obstante, en el sitio del tiroteo se concentraron 55 elementos del Ejército provenientes de dos diferentes batallones, no sólo de uno, como se había informado hasta el momento. Además, de 21 marinos, quienes estuvieron ahí al menos ocho horas.
El manual de uso de la fuerza del Ejército, señala la necesidad de que los soldados lleven cámaras de video para grabar sus actuaciones. Según la Sedena, el batallón involucrado en el caso Tlatlaya no llevaba el equipo necesario, pues no se consideró que el patrullaje de ese día implicaría la necesidad de usar las armas.
Aunque los soldados consideraron que no era una región de riesgo, a lo largo de 2014 el gobierno del Estado de México pidió la presencia de fuerzas federales para reforzar la seguridad en la zona. Con motivo de estos operativos, se documentó el rescate de personas secuestradas y el aseguramiento de armas.
Los comunicados de prensa sobre seguridad en el municipio durante los últimos años versan sobre decomisos de marihuana, narcolaboratorios y detenciones de presuntos integrantes de La Familia.
Mediante diversos oficios, la CNDH cuestionó al Ejército sobre la organización de los soldados el día de la balacera.
La respuesta oficial fue firmada por el comandante de la zona militar 22, localizada en el municipio de Santa María Rayón y dice lo siguiente:
“La comandancia del 102/o batallón de infantería señaló que carece de evidencia documental respecto a la organización y las actividades que realizaba el personal que integró la base de operaciones ‘San Antonio del Rosario’, el pasado 30 de junio, así como la forma en que el resto del personal de la base apoyó a los elementos agredidos inicialmente”.
En ese mismo documento, enfatiza que el operativo estuvo a cargo de un oficial comandante cuya misión fue, dice textualmente, “reducir los niveles de violencia en el país”. El nombre de este militar fue borrado por la CNDH en la versión pública del expediente revisado por la primera emisión de Noticias MVS.
En un oficio anterior, el comandante de la zona militar 22 informó que a las 5:00 de la mañana de ese 30 de junio, los siete elementos realizaban un “reconocimiento de ruta” a bordo de una camioneta Cheyenne, sobre la carretera San Antonio del Rosario-San Pedro Limón.
Según esta versión, la balacera inició cuando un soldado detectó una persona armada fuera de la bodega y pidió a sus compañeros que se detuvieran para inspeccionar. El oficio relata lo siguiente:
“Al tratar de circular en reversa se inicia una agresión con disparos de arma de fuego en contra del personal militar provenientes del interior de la bodega, generándose una agresión real e inminente y sin derecho, sin que haya mediado provocación (…) por lo que personal militar repelió la agresión…”
La versión del Ejército sobre el tiroteo ocurrido la madrugada del 30 de junio del 2014 en el municipio de Tlatlaya fue que se trató de un enfrentamiento. No obstante, esa postura se vino abajo cuando la agencia de noticias AP y la revista Esquire descubrieron indicios de ejecuciones extrajudiciales.
Sin documentos que ayuden a probar la actuación del Ejército, las declaraciones de los militares implicados se vuelve clave.
Para saber qué pasó dentro de esa bodega. Y, en este sentido, la CNDH hizo una petición formal al juez militar encargado del caso para que se abrieran los expedientes.
El Ministerio Público Militar dijo estar dispuesto a abrir los documentos. Sin embargo, el abogado defensor se opuso al argumentar que la CNDH, desde su punto de vista, no está facultada para revisar las faltas militares.
Según el litigante, del cual no se sabe si es privado o de oficio, la información sobre los homicidios o ejecuciones ya estaba en la Procuraduría General de la República.
El juez militar dio la razón al abogado y las declaraciones ministeriales de los soldados encarcelados no fueron abiertas, aún cuando, públicamente, la Sedena aceptó la recomendación del caso.
La cerrazón ante las indagatorias de la CNDH están incluidas en el expediente revisado por el equipo de esta primera emisión de Noticias MVS. Sin embargo, en la propia recomendación sobre la ejecución extrajudicial no se incluyeron esos detalles.
El abogado Juan Carlos Gutiérrez, director de Idheas litigio en derechos humanos, dijo que el juez militar no debió tomar la decisión de abrir o no los expedientes, sino simplemente dar acceso a la petición de la CNDH, que es el organismo facultado para reunir toda la información que considere pertinente.
Sostuvo que la Comisión de Derechos Humanos debió perfilar la recomendación para ver los expedientes, cuidando que no se violenten las garantías de los procesados.
“La CNDH no debió haber aceptar ese argumento, porque independiente del argumento del juez es evidente que el acto de indisciplina o los actos relacionados con investigaciones de procedimiento militar, tienen que ver con el acceso a la justicia y tienen que ver con el saber por qué y qué declaraciones y testimonios hay”.
“No hay ninguna posibilidad que una autoridad le niege acceso a la CNDH porque estaría violando su mandanto constitucional”.
La Marina participó
El expediente de la CNDH permite revisar la participación de la Marina en el caso Tlatlaya.
En la investigación aparece un informe elaborado por el contralmirante del Servicio de Justicia Naval, Alejandro Miguel Vázquez, quien reconoció que un comando de marinos llegó a la bodega para prestar apoyo a los militares.
Se trató de un capitán de fragata a cargo de la base de operaciones del municipio de Luvianos, quien recibió una denuncia anónima a las 5:15 horas sobre una balacera entre soldados y delincuentes.
El mismo capitán de fragata –cuyo nombre fue borrado del expediente- acudió a la bodega encabezando un convoy con otros dos oficiales y 18 marinos armados.
Al llegar se entrevistó con el jefe del batallón militar 102, quien le comunicó el rescate de tres mujeres secuestradas y la muerte de 22 presuntos delincuentes.
Una de las mujeres, dijo al capitán de fragata que conocía la ubicación de casas donde estaban secuestradas entre 10 y 12 personas, incluyendo adultos mayores y niños.
Durante más de dos horas, los marinos revisaron esas casas de seguridad acompañados de la propia víctima recién liberada y de miembros del Ejército. Alrededor de las 10:50 horas, regresaron la bodega sin haber tenido éxito en el operativo.
La Marina no informó si en los trayectos recorridos la mujer les dijo algo sobre lo que había atestiguado horas antes: la supuesta ejecución de civiles rendidos y desarmados. Al menos eso no consta en el expediente. Ella habló de eso, hasta que tuvo frente así a periodistas y, más tarde, a visitadores de la CN DH.
Algo que tampoco estaba públicamente confirmado, hasta el momento, fue la participación de otro batallón del Ejército. Se trató de 25 soldados pertenecientes a la zona militar 35 ubicada en Chilpancingo, Guerrero.
De acuerdo con oficios, ellos acudieron en apoyo de los otros militares una vez terminado el tiroteo y su labor fue hacer un cordón de seguridad en la zona.
Llegaron alrededor de las 6:30 de la mañana y se marcharon después de las 14:00 horas, tiempo durante el cual, según los testimonios de las tres mujeres rescatadas, los militares acomodaron las armas y los cuerpos para para ocultar las ejecuciones.
Aunque el Ejército dice no contar con pruebas documentales sobre la actuación de sus soldados, en el expediente de la CNDH se mencionó que, el comandante jefe del batallón 102, al que pertenecen los militares encarcelados, llegó al lugar de los hechos a las 7 de la mañana.
Con estos datos, se puede saber que entre las 6:00 y 12:30 horas se concentraron al menos 55 elementos del Ejército destacamentados en Guerrero y el Estado de México, además de 21 marinos.
Además, dos militares de mayor rango; generales de brigada diplomados del Estado Mayor quienes eran, precisamente, los encargados de los cuarteles de Santa María Rayón y Chilpancingo, tuvieron una reunión dentro de la bodega para supervisar lo hecho por los soldados.
Los nombres de los generales fueron entregados por el Ejército a la CNDH pero no detallaron a qué conclusiones pudieron llegar. Por el momento, la identidad de ambos se mantiene resguardada por protección de datos personales. Pero tampoco puede saberse si fueron mencionados por los soldados encarcelados.
La apertura del expediente
El equipo de investigaciones especiales de Noticias MVS revisó el expediente, de más de 7 mil hojas, que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tras una solicitud de información luego de que la defensa de los solados procesados tratara de impedirlo mediante un juicio de amparo.
De hecho, un juez federal ordenó en diciembre pasado que el expediente se mantuviera cerrado hasta en tanto no terminara de analizar el caso, es decir, si los documentos en poder de la CNDH podían ser públicos o debían mantenerse bajo reserva.
Pero cuando entró en funciones el nuevo “ombudsman”, Luis Raúl González Pérez, la propia CNDH elevó al caso Tlatlaya a la categoría de violaciones graves a los derechos humanos y, casi al mismo tiempo, la defensa de los soldados se desistió el juicio de amparo y, con ello, el expediente quedó de nuevo abierto.
La solicitud para acceder al expediente, se hizo por Noticias MVS primera emisión en octubre del año 2014.
La alteración de la escena
Las declaraciones de las mujeres liberadas, representan uno de los temas sobre los cuales los visitadores de la CNDH pusieron mayor énfasis.
Dos sobrevivientes explicaron cómo los soldados movieron los cadáveres y les pusieron las armas encima.
Según su versión, los elementos de la Sedena acomodaron incluso las camionetas en que viajaban los presuntos delincuentes para ajustar su versión de un enfrentamiento en igualdad de circunstancias.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos reunió fotos de los peritajes realizados por la procuraduría mexiquense y las publicadas por la agencia MVT el 26 de septiembre de 2014, producto de una filtración.
En las imágenes se mostraron a las sobrevivientes en una visita al penal federal de Tepic, Nayarit, cuando aún se encontraban presas acusadas de secuestro.
La mayoría de estas fotos no se habían puesto al escrutinio público, pero el equipo de Noticias MVS pudo observar una versión pública en el expediente que transparentó la CNDH.
En una de las imágenes (que se muestra en esta nota) se aprecia a las tres sobrevivientes al ataque, sentadas contra una barda. Las mujeres son vigiladas por un soldado que lleva la cara cubierta.
Detrás, hay una ventana en la que se puede ver a más soldados.
Una de las sobrevivientes dijo que esa foto fue tomada por un militar o un perito de la procuraduría mexiquense. El soldado que se aprecia del lado derecho sí participó en la balacera, aunque no disparó contra los civiles luego de la rendición, según la mujer cuya identidad se reserva en todo momento.
La misma mujer indicó que, en otra foto, el cuerpo que se aprecia no tenía ninguna arma encima y que la camioneta estaba originalmente al revés.
Sobre otra de las fotografías, la víctima relata que las ropas y otros objetos no estaban desordenados, pero quedaron en esa posición una vez que los soldados “esculcaron” las pertenencias de los muertos.
En otra imagen se aprecia el cadáver de la única mujer muerta en el tiroteo, abrazada al cuerpo de quien al parecer era su pareja sentimental.
Uno de los cuerpos tiene tierra en la cara. La sobreviviente afirma que originalmente cayó de boca al suelo, pero fue movido por los soldados.
(Daniel Lizárraga y Sebastián Barragán/ MVS)
Video del reportaje transmitido esta mañana:
